Puebla, Pue.- La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) exigió replantear la política de movilidad estatal y solicitó la suspensión de programas como la revista vehicular y el reordenamiento del transporte, al argumentar que no cuentan con estudios técnicos públicos ni con el consenso de los sectores involucrados en la prestación del servicio.
La organización propuso que cualquier definición en materia de movilidad se construya mediante estudios técnicos, revisiones tarifarias y foros abiertos, coordinados por universidades poblanas. Según la UTEP, este mecanismo permitiría incorporar la visión de transportistas, usuarios y especialistas, fortaleciendo la legitimidad de las decisiones públicas.
Comparecencia sin soluciones estructurales
Tras la comparecencia de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte ante el Congreso local, la UTEP consideró que no se ofrecieron soluciones de fondo a la crisis del sector. Por el contrario, afirmaron que persiste una política improvisada que ignora la realidad operativa del transporte público tradicional.
En este escenario, la organización solicitó la renuncia del diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, al señalar que no ha impulsado reformas ni acciones concretas para atender la problemática del sector, pese a la creciente inconformidad social.
Señalan favorecimiento a RUTA y plataformas
La UTEP acusó que el Ejecutivo y el Legislativo han favorecido a empresas como RUTA, Uber y Didi, otorgándoles respaldo legal y presupuestal. Esta situación, afirmaron, ha provocado una competencia desigual que afecta directamente a miles de concesionarios tradicionales.
De acuerdo con la organización, el sistema RUTA recibe un subsidio por kilómetro recorrido que se actualiza anualmente desde 2013, mientras que los transportistas tradicionales mantienen tarifas congeladas desde hace más de una década. Esta diferencia, aseguraron, agrava la crisis financiera del sector.
Rutas desaparecidas y corrupción
Además, denunciaron que la falta de regularización de rutas ha generado ilegalidad, corrupción y sanciones arbitrarias. Indicaron que la Dirección de Inspección aplica multas máximas y utiliza grúas de manera excesiva, prácticas que —aseguran— contravienen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En relación con el servicio de taxi, la UTEP señaló que la falta de aplicación de fórmulas técnicas ha provocado una sobreoferta de permisos. Sumado a la proliferación de plataformas digitales, muchos taxistas no logran cubrir sus costos de operación, lo que ha reducido significativamente el número de unidades activas.
Finalmente, la organización criticó el presupuesto ejercido por la Secretaría de Movilidad en 2025, superior a mil 300 millones de pesos, al considerar que no ha generado beneficios tangibles para la ciudadanía ni mejoras sustanciales en el servicio de transporte público.
*ARD
