Megaproyectos de muerte atentan contra derechos humanos y ambiente

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Miércoles, 26 de junio de 2019
Megaproyectos de muerte atentan contra derechos humanos y ambiente

Documentan la Ibero y otras agrupaciones once casos en territorio poblano

Por 
Aarón Martínez
10 de Diciembre de 2018 , 05:15 pm
Megaproyectos contra derechos humanos ambiente

Puebla. En el estado de Puebla hay al menos 11 megaproyectos de muerte que atentan en contra de las garantías individuales y de las comunidades indígenas, los cuales, deterioran el medio ambiente por la sobre explotación de los recursos naturales. Aunado a que promueven el despojo de tierras de cultivos de campesinos.

Por si fuera poco, tales proyectos -que cuentan con el aval de las autoridades de manera arbitraria-, fomentan la persecución de luchadores sociales y defensores del territorio como está ocurriendo en la Sierra Norte y Nororiental de la entidad.

Lo anterior fue documentado en el Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos, al Territorio y al Agua en Puebla que realizó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla en coordinación con diversas agrupaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, el Instituto de Derechos Humanos y la Red de Defensa de Derechos Humanos, entre otras.

 

Mineras, hidroeléctricas y obras carreteras entre las denunciadas

Los 11 proyectos que fueron investigados y en los que se comprobaron diversas faltas a las garantías individuales y colectivas, así como a la ecología son:

El proyecto de la hidroeléctrica Puebla 1 a cargo de la empresa Deselec 1 se ubica en el Río Ajalpan, entre los municipios de Ahuacatán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán.

Ahí se pretende invertir 126 millones de dólares para generar 30 megawatts en  beneficio de Walmart, cuyo proyecto fue avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esto, a pesar de que hay un rechazo por parte de pobladores de los tres municipios antes mencionados. Más aún, cuando se dio a conocer que la vigencia del permiso es por 30 años para su operación y mantenimiento.

El segundo proyecto es una minera en Ixtamaxtitlán, el cual, es encabezado por la transnacional canadiense Almaden Minerals y donde se pretende sustraer oro a costa de invasión de predios ejidales y de particulares, lo que provoca la contaminación del agua y muerte de ganado de la zona.

Lo anterior fue denunciado por Silvia Villaseñor Pineda, investigadora y activista en materia de derechos humanos, quien sentenció que tal proyecto violenta las garantías de las comunidades; además de que propiciará contaminación de acuíferos y ríos como el Apulco.

Durante la presentación del estudio antes referido en la Ibero Puebla por un grupo de investigadores encabezados por Jorge Eduardo Morales Sierra, catedrático de dicha universidad, también se dio a conocer el proyecto de la minera Espejeras de Tetela de Ocampo, donde se pretende sustraer minerales valiosos como oro y plata.

Los pobladores y organismos no gubernamentales han denunciado que en esta zona se están destruyendo árboles, debido a que la explotación es a cielo abierto; además de que atenta contra los recursos naturales y contamina el agua.

El cuarto proyecto se ubica en la Sierra Norte y consiste en el sistema hidroeléctrico de Coyoalapa-Atzala que afecta a las comunidades indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.

Aquí, en una extensión de siete kilómetros se pretenden instalar presas en ríos como el Atzala, Huitzilatl y Coyolapa, a fin de producir energía eléctrica durante los próximos treinta años.

También, denunciaron la colocación de antenas de alta tensión en la zona de Cuetzalan; la construcción del libramiento norte de Puebla-Tlaxcala y la explosión que hace unos años ocurrió en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Martín Texmelucan.

 

Exigen que crímenes de activistas no queden impunes

Un apartado especial fue dedicado a los activistas de la Sierra Nororiental, Manuel Gaspar Rodríguez y Antonio Esteban Cruz, quienes fueron asesinados por defender su territorio y el agua.

Por ello, exigieron tanto a las autoridades locales como federales el esclarecimiento de éstos y más crímenes que han ocurrido en Puebla en los últimos años, sólo porque los activistas defienden sus derechos y patrimonio de sus localidades.

"Es el momento de levantar la voz para que esto no siga pasando. No es posible que por defender el agua, algunas personas sean asesinadas", enfatizó Villaseñor Pineda.

En tanto, Jorge Eduardo Morales, leyó las exigencias que las organizaciones civiles demandan a las autoridades en el estudio antes referido, entre los que destacan:

"Verdad y justicia para los defensores de derechos humanos asesinados en el estado de Puebla; alto al acoso y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos; cancelación de proyectos extractivos y de infraestructura que afectan a las comunidades; las autoridades estatales y municipales cumplan con su obligación constitucional de proteger, garantizar y prevenir violaciones a los derechos humanos y se abstengan de actuar como promotores de proyectos extractivos; la Profepa, Semarnat, Conagua, Comisión de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Economía, investiguen rigurosamente las irregularidades administrativas y de derechos humanos documentadas en el informe multicitado y actúen para que se sigan presentando; poner fin a la privatización del agua en la entidad".

Por último, recordaron que este colectivo surgió en 2016 en el marco del segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. También se enfoca en otros temas como derechos de los niños y niñas y proyectos de género, sólo por mencionar algunos.

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