Empresarios poblanos piden diálogo ante posibles afectaciones por reducción de jornada y “Ley Silla”

Puebla, Pue.– Representantes del sector empresarial poblano expresaron su preocupación ante las posibles consecuencias que podrían derivarse de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la implementación de la “Ley Silla”, por lo que llamaron a establecer un diálogo abierto con las autoridades para revisar a fondo ambas propuestas legislativas.

Piden transición ordenada para evitar afectaciones
 

Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y Carlos Sosa Spínola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), reconocieron que ambas iniciativas buscan mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, advirtieron que su implementación sin una transición adecuada podría comprometer la operación de miles de negocios, especialmente aquellos pertenecientes a los sectores comercial, industrial y de servicios.

Los líderes empresariales señalaron que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serían las más vulnerables ante estos cambios, al tener menor capacidad para absorber los costos asociados y reorganizar sus procesos internos sin un impacto económico significativo.

“Reducir la jornada sin un análisis profundo puede impactar la productividad y la sostenibilidad de muchas unidades económicas que hoy generan empleos”, advirtió Juan Pablo Cisneros, quien insistió en la necesidad de construir consensos antes de aprobar reformas de alto impacto.

“Ley Silla”: bienestar laboral sí, pero con contexto
 

Sobre la “Ley Silla”, que obligaría a los empleadores a proporcionar espacios para sentarse durante la jornada laboral, los líderes empresariales reconocieron su intención de mejorar el bienestar del personal, pero señalaron que su implementación debe considerar las particularidades de cada sector.

Carlos Sosa Spínola propuso que tanto esta medida como la jornada laboral reducida se apliquen de forma gradual y flexible, para proteger los derechos laborales sin poner en riesgo la viabilidad operativa de las empresas ni afectar su competitividad.

*ARD