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Por  Diario Puntual 11 de Junio de 2019, 07:27 am

La ley es la ley y viene ahora drástica contra aquellos que acostumbraron a hacer negocios a partir de la compra de facturas. Hasta seis años de prisión es la sanción a la que podrían hacerse acreedoras las personas que expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Salvador Méndez Rosales, precisó que es derivado del decreto publicado por Hacienda en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de mayo, por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Establece que el Artículo 113 Bis. "Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados".

Méndez Rosales invitó a los contribuyentes a acercarse al Colegio para recibir la asesoría adecuada y evitar incurrir en violaciones a la disposición que les pueda traer consecuencias de tipo legal. Pronto habrá noticias y no serán pocos quienes tengan que enfrentar a la ley.

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El director del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Arturo Hernández Davy, encabezó el arranque de las Ferias Regionales de Servicios en el municipio de Acatlán de Osorio, a fin de acercar los apoyos y programas del organismo a las comunidades y atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad.

De manera gratuita, las familias de la Mixteca recibieron atención en materia de alimentación, salud dental, educación a través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), cuidado y protección de la infancia, prevención de la violencia, así como los servicios de los Centros de Capacitación y Desarrollo, Voluntariado, Registro Civil, además de orientación psicológica y jurídica, entre otros.

En su intervención, Hernández Davy anunció que en esta zona se incrementará de 5 mil a 12 mil la entrega de apoyos alimentarios en la zona a favor de los adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y niñas y niños con desnutrición.

"Las instrucciones del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador son muy precisas y por eso aumentaremos la entrega de despensas", ratificó Hernández Davy.

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Resulta que por considerar que la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de Estancias Infantiles vulnera los derechos de niños, padres de familia así como responsables de las guarderías, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2019 a la Secretaría de Bienestar, Hacienda, Conamer y DIF Nacional.

Al presentar la recomendación, Ismael Eslava, primer visitador general del organismo, afirmó que la abrogación de las reglas de operación del programa es una medida regresiva, "con la que violan diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil".

Resaltó que el programa tenía impactos positivos en el desarrollo integral de los menores de edad y no solo les daba beneficio a ellos, sino a las madres y padres, ya que incrementaban la posibilidad de encontrar un empleo sin temor a que nadie estuviera cuidando a sus hijos.

"La Comisión Nacional determinó que las transgresiones afectan no solo a las 5 mil 340 personas quejosas o agraviadas en las 204 quejas recibida por este organismo, sino a la totalidad de niños, padres de familia, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, puesto que su eliminación y ejecución del Programa de Apoyo al Bienestar con presupuesto 50% menor al de 2018 resultan agresivas, trastocan la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los afectados".

Hay decisiones políticas que pretenden ser amparadas en políticas sociales pero que tienen altos costos políticos, si no pregúntele a las madres de familia que usaban las estancias.

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Cecilia Pérez Morales presidente del comité de agua potable de la comunidad de Santa María Moyotzingo, y representantes de comités de agua potable de otras comunidades auxiliares de San Martín Texmelucan, solicitaron respeto a la autonomía del manejo de sus respectivos comités.

La petición expresa la intención que tiene el ayuntamiento encabezado por Norma Layón, de descentralizar al Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (SOSAPATEX).

Para hacerse escuchar y ante las amenazas del gobierno municipal y de Layón aseguraron acudirán ante el Congreso Local a solicitar el apoyo de los diputados para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

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