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lunes, 17 de diciembre de 2018
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Por  Fernando A. Crisanto 6 de Diciembre de 2018, 08:00 am

La lucha por el poder es intensa, en ocasiones descarnada y llega a niveles de violencia.

En Puebla, se pelea la gubernatura, el poder estatal pues, y los protagonistas no están dispuestos a ceder un milímetro en sus intenciones de llegar a Casa Puebla.

La polarización está hoy en su peor momento y quien gobierne a partir del próximo 14 de diciembre, sea cual sea el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibirá un estado profundamente dividido.

Con fuerzas políticas confrontadas y en escenario ensangrentado por la violencia y con nuevos presidentes municipales que en la mayoría de los casos no han podido asumir el control de sus gestiones, ya sea por inexperiencia, por los cadáveres que les dejaron sembrados en distintos armarios o por las dos razones.

Legalmente faltan siete días como plazo fatal pata que se resuelva la situación del caso Puebla.

Anulación de las elecciones o voto en contra del proyecto y modificación que propicie la ratificación del resultado que avalaron las autoridades electorales locales y que da como gobernadora electa a Martha Erika Alonso.

Las últimas declaraciones y conferencias de prensa de los panistas y sus aliados no los muestran como los ganadores del proceso, al contrario.

Hay señalamientos y amenazas contra la autoridad electoral, en especial el magistrado José Luis Vargas, e incluso la advertencia de una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se respete el voto que consideran les favoreció, asunto que pueden hacer, pero saben bien que eso se resuelve en años y sólo tienen unos cuantos días por delante.

El bien informado columnista de El Universal, Salvador García Soto, a quien nadie localmente puede calificar de parcial, en su influyente Serpientes y Escaleras apuntaba ayer:

“En medio de ese berenjenal político-jurídico el grupo de Moreno Valle en el PAN empuja un juicio interno contra Vargas, por haber publicado en sus redes sociales el proyecto de resolución que pide anular el triunfo de la candidata Martha Erika Alonso, acusándolo de violar el Reglamento Interno del TEPJF, que en su artículo 146 prohíbe que el personal del Tribunal sustraiga expedientes y viole la confidencialidad al hacerlos del conocimiento de las partes involucradas, ni pueda publicarlos a menos que haya un acuerdo del pleno para publicitarlos.

“El magistrado se defiende de las acusaciones y explica que su decisión de hacer público su proyecto se basó en criterios de la Constitución y de tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana, que están por encima de un Reglamento Interno, y que consagran obligaciones de ‘máxima publicidad, transparencia, probidad y rendición de cuentas’ en el ejercicio de los funcionarios públicos, como un componente esencial de la democracia.

“Además, José Luis Vargas explica que, ante el nivel de presión política que iba a haber en este asunto (caso Puebla), decidió recurrir a la práctica de publicitar su proyecto de dictamen, luego de haberlo entregado a sus compañeros magistrados —al menos a los que estaban trabajando y no habían salido del país a turistear— y sólo una vez que ellos lo conocieron, lo publicó en su cuenta de Twitter para darle total transparencia, evitar filtraciones ‘como las que ya han ocurrido en el Tribunal en otros casos delicados’ y que lo conociera todo el público y no en particular ninguna de las partes involucradas.

“De hecho, lo que hizo el magistrado Vargas no es ni ilegal ni es la primera ocasión que se realiza en el TEPJF.

“En 2012 publicó, con un acuerdo previo de los integrantes del pleno, el anteproyecto de dos expedientes sobre la elección de gobernador de Michoacán en su página de internet ‘para consulta de las partes, de cualquier interesado y de la ciudadanía en general’, con el razonamiento del derecho a la información y de máxima publicidad.

“También en 2015, en la complicada elección de la gubernatura de Colima, se publicó en la misma página del Tribunal el ‘anteproyecto de la sentencia’, sobre esa elección, propuesto por el magistrado Manuel González Oropeza, aún sin haber un acuerdo del pleno y con el argumento de que ‘cualquier persona pueda tener acceso a la información que se contiene´.

“Lo mismo hizo en octubre pasado la Sala Monterrey del TEPJF que publicó en su cuenta de Twitter el ‘proyecto de resolución’ sobre la elección de San Pedro Garza, del magistrado Yairsino García, ‘por ser parte del interés general’.

“Así que, público o no, el proyecto de resolución del magistrado Vargas es válido y tendrá que ser discutido y votado en el pleno de la Sala Superior del Tribunal, que es la que tiene la última palabra sobre si se anula o no la elección.

“El problema es que la magistrada presidenta, Janine Otálora, no se ha decidido a convocar ya a la sesión pública para discutir y votar el tema por razones que no se entienden y que al parecer tienen que ver con las presiones políticas de uno y otro lado interesados.

“Ayer (martes) hubo una reunión privada en la que el magistrado Vargas insistió en que se convocara ya y se votara su proyecto en esta semana, para terminar con la enorme tensión política que este asunto ha desatado en Puebla.

“Acordaron los magistrados que el viernes se reunirían y veremos si ya se deciden a tomar el toro por los cuernos y votar este proyecto, aunque de hacerlo tendrían que sesionar solo 5 integrantes, que hacen quorum (solo se requieren 4) porque los dos magistrados faltantes, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Mata se inventaron un viaje a tres ciudades de Europa para ‘recorrer escuelas judiciales’ con una invitación al parecer promovida por ellos, y para el cual obtuvieron un oficio de viaje —pagado con recursos públicos por supuesto— del 2 al 13 de diciembre, a sabiendas de que el 14 vencía el plazo para que votaran el caso Puebla”.

Hasta ahí la información que nos detalla qué vendrá en los siguientes días, a unos cuántos de que venza el plazo fatal.

Los protagonistas echarán su resto, van con todo porque a algunos les va la vida política en esta lucha por el poder, que se ha convertido Puebla.

Es hoy o nunca, los magistrados votarán y sus decisiones son inapelables.

 

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