Con remoción de Santiago Nieto, PRI prepara fraude

La remoción de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales, evidencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto ya empezó a preparar el fraude electoral de la elección presidencial del próximo año. Nieto Castillo ha sido el primer titular de la dependencia que realmente pretendió combatir los delitos electorales, pues sus predecesores se dedicaron simplemente a perseguir a quienes falsificaban, alteraban o robaban credenciales de elector, pero nunca se avocaron a investigar lo relativo al desvío de recursos públicos para fines electorales, la compra y coacción del voto, la manipulación del listado nominal de electores o el denominado "turismo electoral", que son los delitos electorales que sí inciden en los resultados electorales.

Una de las investigaciones previas exitosas fue la de los exconsejeros del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, que alteraron la lista nominal de electores con los chiapanecos en el extranjero e inclusive votaron por ellos; la Fepade consignó las averiguaciones previas ante los jueces correspondientes y obtuvo las órdenes de aprehensión. El proceso penal todavía está en curso, pero el candidato del Partido Verde Ecologista de México, que ganó la elección producto de dicha manipulación, tuvo que renunciar a su puesto. En contrapartida, un fuerte tropiezo que enfrentó fue el que no le concedieron la orden de aprehensión en contra del entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar.

Más allá de lo que Nieto Castillo consiguió en sus 2 años y 7 meses al frente de dicha dependencia están las investigaciones que desarrollaba en estos momentos: la probable presencia de recursos de Odebrecht a la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto; el desvío de recursos públicos de los gobiernos de los estados de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz a las campañas de los candidatos tricolores; y diversas denuncias de delitos electorales en las pasadas elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila.

Nieto Castillo era un fiscal de transición para dar paso a la creación de la Fiscalía General, por ello fue designado por un período que iba de febrero de 2015 al 30 de noviembre del 2018, así que todavía le quedaban 13 meses de gestión.

Sin embargo, era un peligro para Peña Nieto y el PRI, pues el fiscal estaba integrando el expediente para eventualmente consignar ante un juez penal al exdirector de Pemex y excoordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya. De conseguir que le obsequiarán la orden de aprehensión y la vinculación a proceso, durante el mismo podría eventualmente demostrarse que parte del dinero que recibió Lozoya lo destinó a la campaña de Peña Nieto.

Pero más allá de que lograra consignar ese expediente y los resultados de la misma, el otro peligro era que la actuación de Nieto Castillo sí era un obstáculo (probablemente no infranqueable, pero al menos sí difícil de superar) para las operaciones fraudulentas de los diversos actores políticos (compra y coacción del voto, desvío de recursos públicos, condicionamientos de programas sociales, sólo a guisa de ejemplos).

La secuencia de los acontecimientos de la semana evidencia que la remoción de Nieto Castillo fue una decisión del mismo presidente de la república, Enrique Peña Nieto, aunque difícilmente lo reconocerán. La semana empieza con la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, supuestamente para distender el ambiente político y permitir avanzar en la creación de la Fiscalía General; el martes, al día siguiente de la renuncia de Cervantes, la entrevista de Nieto con el periódico Reforma (publicada en la edición del miércoles) para denunciar las presiones que recibió por parte de Lozoya; y el viernes, el cese de Nieto Castillo.

Es claro que la renuncia de Cervantes fue parte de una estrategia definida con antelación para que él no fuese el verdugo que sacrificaba a Nieto Castillo; pero la decisión por lo menos fue tomada el fin de semana previo, cuando Peña Nieto se entrevistó con Cervantes y con el líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa. Alberto Elías Beltrán, el subprocurador encargado del despacho por disposición legal, sí podía concretar el encargo sin mayor costo para los planes de Peña Nieto, y además lo ejecutó al viejo estilo tricolor: en viernes por la tarde, en este caso poco después del mediodía, para que el fin de semana ayude a superar el trago amargo.

Nieto Castillo fue nombrado por el Senado de la República y es cesado por un encargado de despacho, supuestamente por faltas al código de conducta de la PGR; el Senado, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes, podrá revertir la remoción, pero seguramente los senadores priistas lo impedirán.

Después de la derrota electoral que sufrieron en junio del 2016, Peña Nieto y su círculo cercano empezaron la operación que les permitiera refrendar su triunfo en las elecciones presidenciales del 2018; lamentablemente esa operación descansa de manera central en prácticas fraudulentas, como fue evidente en las pasadas elecciones de Edomex y Coahuila.

Uno de los obstáculos para poder repetir la operación en las elecciones presidenciales del próximo año era el titular de la Fepade, por lo cual se deshicieron de él. Es apenas uno de los primeros pasos de este operativo, pero es muy revelador de los alcances del mismo, pues evidencia que están dispuestos a violentar la ley y deshacerse de todos los personajes incómodos.

 

 

Con información de El Siglo de Torreón

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