Reformas ante la incapacidad

DEL REPORTERO

Para Coral Castillo de Cañedo y sus hijos, en estas horas y días difíciles, por la irreparable pérdida de Franco. Abrazos

 

Ante la grave inseguridad que prevalece en México, muchos políticos más que atender con eficacia y honestidad el problema, encontraron como fórmula para salir del paso exigir cambios al Sistema Penal Acusatorio a poco más de un año de que entró en vigor y a 9 años de que fue promulgado como un proyecto para garantizar, ahora sí en el país, una ejemplar procuración y administración de la Justicia.

Se gastaron en los primeros seis años más de 4 mil millones de pesos en su aplicación, recursos que en su mayoría se entregaron a los estados para capacitación e infraestructura, de acuerdo a un reporte de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que hizo público El Universal el 20 de mayo de 2016, un mes antes de que entrara en vigor su aplicación.

En la mayoría de las entidades los gobiernos estatales quedaron a deber en capacitación e infraestructura de quienes se encargan de poner en práctica el Sistema.

Los policías no cuentan con lo mínimo para operar y su formación no es la adecuada, no hay suficientes ministerios públicos para atender las denuncias, tanto que muchos ciudadanos prefieren evitarse el engorroso proceso de denunciar, además prevalece la impunidad, y no hay jueces de control en un número adecuado para aplicar la Justicia que deseamos los mexicanos.

Hay una verdadera discusión e incluso la descalificación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, ante ello el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, tuvo que salir al paso y precisar que este órgano colegiado nunca ordenó liberar a una gran cantidad de delincuentes, y que el Constituyente y el Congreso de la Unión fueron quienes no pusieron en el catálogo de delitos graves la portación de arma de uso exclusivo del Ejército, una de las mayores quejas que permiten a muchos delincuentes no volver a la cárcel a pesar de ser atrapados en flagrancia y portando armas de uso exclusivo del Ejército.

“Hay un conjunto de malos entendidos que ojalá los podamos entre todos resolver y nos pongamos a trabajar y encontrar maneras de solución porque se ha pensado que con la sentencia que dictamos la semana pasada, dimos la orden prácticamente de liberar a una gran cantidad de delincuentes de todo el país, cuando en realidad esto no fue así”, aseguró.

El Ministro explicó que en junio de 2008 se reformó la Constitución para establecer un nuevo Sistema que le llamaron oral y acusatorio en el que se pensó que no tenía sentido seguir mandando a las personas por todos los delitos que cometieran a prisión preventiva, sino que la mayor parte de ellos iban a estar en libertad hasta que llegara su sentencia.

Posteriormente se modificó la Constitución y aumentaron algunos delitos, se emitió en nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y se dijo que solamente delitos realmente muy graves como:

Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los graves que determinara la ley podrían entrar a prisión.

Posteriormente se establecieron otros como traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades particularmente graves de los delitos contra la salud.

En entrevista con José Cárdenas, el Ministro recordó que cuando se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales se dijo que todas aquellas personas que fueron juzgadas por los delitos conforme al sistema anterior y cuyo delito no sea de los señalados podrán salir de prisión y enfrentar sus procesos en libertad, con las garantías y medidas de vigilancia, lo que respaldaron todos los partidos políticos en el Congreso.

“La determinación de la SCJN establece que haciendo caso de lo que dispone el Código Nacional, las personas que cometieron un delito o que están acusadas por un delito ya referido pueden solicitar la libertad provisional, lo cual significa que estas personas acudirán ante un juez, quien deberá escuchar al Ministerio Público a la víctima y al acusado y con los elementos de la audiencia el juez determinará caso por caso quienes sí y quienes no pueden seguir el proceso en libertad hasta que se les dicte sentencia” con lo cual se desmiente que en automático se abran las puertas a miles de delincuentes, aunque algunos aprovecharon y consiguieron su libertad siguiendo el referido proceso..

A pregunta expresa sobre si las personas acusadas por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército pueden solicitar este beneficio, el ministro comentó que efectivamente la “mera portación de un arma de fuego, así sea de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no está en la lista de los delitos que se mencionaron, no lo puso el Constituyente en 2008, no lo puso en la reforma del 2011, ni tampoco en el 2014, ni en el 2016”.

Agregó “pasaron cuatro momentos donde ese delito lo pudieron haber puesto el Constituyente o el Congreso de la Unión y no lo pusieron, entonces la pregunta es:

¿Qué hace la Corte, inventa el delito o inventa la situación de las personas para efecto de mantenerlas en prisión?

“Si una persona está acusada de que traía una pistola calibre 45 que es de las prohibidas, yo contra que el delito por el que se le está acusando contra lo que dice la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos a esa persona no la puedo dejar en prisión porque no lo hizo el Constituyente, no lo hizo el Legislador y ese es el problema técnico que estamos enfrentando todos”.

Autoridades federales y estatales insisten en que al modificar el Sistema de Justicia Penal las cosas cambiarán, pero tuvieron la oportunidad y hoy tienen que actuar con leyes que privilegian las garantías individuales y ellos han mostrado incapacidad en la capacitación de quienes deben aplicarlo.

La delincuencia sigue adelante, cada día más agresiva y violenta en un panorama de impunidad donde las autoridades no han podido frenar de tajo las actividades criminales y lo peor hay casos de colusión.

Ni el nuevo ni el viejo sistema penal han dado resultados y las reformas legislativas hasta ahora han mostrado que tampoco son la solución. Ahora si vale recordar al clásico ¿quién podrá defendernos?

 

De las anécdotas que se cuentan

El diputado perredista Juan Zepeda, exitoso candidato al gobierno del Estado de México que consiguió en unos cuantos meses casi la mitad de la votación que los partidos más competitivos, estuvo ayer en Puebla.

Sostuvo un desayuno con directores de medios y más tarde fue a la sede estatal del PRD.

Apoyado y cobijado por la dirigente estatal, Socorro Quezada, y la ex diputada Roxana Luna, mostró su interés en ser tomado en cuenta como candidato presidencial y aunque sabe que no le alcanza para ganar la sola posibilidad de participar, le garantiza más y mejores posiciones en su futuro inmediato.

¿Cuál sería la sorpresa de Zepeda y sus anfitriones que al salir de la conferencia de prensa en la sede estatal perredista en El Carmen se dio cuenta de que fue víctima del robo de los espejos de su camioneta?

En corto, los perredistas aseguraron que fueron ladrones de autopartes enviados a intimidar al diputado federal que rechaza apoyar a un panista como candidato presidencial.

Seguramente tuvo que ir a “la 46” por sus espejos para regresar a la Ciudad de México como salió.

¿Habrá intereses políticos que manejen a la banda de robo de autopartes y su venta en los negocios de la colonia Morelos? Puede ser, tal vez, quizá.

 

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