Urge aprobar en México la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

EN LA OPINIÓN DE...

De acuerdo a estadísticas oficiales proporcionadas por el gobierno de la República, hasta el mes de marzo del año 2015, en México se reconocen un total de 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta cifra global, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno federal. Sin embargo, diversas O.n.g.’s en materia de derechos humanos han asegurado que la base de datos gubernamental, quizás podría ocultar centenas o miles de desapariciones. Esta triste realidad constituye una verdadera “tragedia nacional”, y sitúa a nuestro país a la altura de naciones como Siria, Sri Lanka, Gambia, Bosnia y Herzegovina, donde se viven conflictos bélicos desde varios años.

Pero si esta situación no fuera alarmante y preocupante, hay que sumarle que cada una de las dependencias federales tiene su propia base de datos: la CNDH, la PGR, la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por consiguiente, existe un “total caos de cifras oficiales”. Así lo reconoció el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, cuando compareció por primera vez en el mes de febrero ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), (un mecanismo creado por las Naciones Unidas para la protección contra este delito en el mundo), al entregar su informe, donde acepta la existencia del caos institucional que priva en las diferentes bases de datos y estadísticas acerca de personas desaparecidas en México.

Dentro de esta categoría de individuos desaparecidos, es importante mencionar la cifra desconocida de “desapariciones forzadas de personas”, el cual ha sido utilizado como un instrumento para silenciar a opositores al régimen gubernamental. El caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, es sólo la “punta del iceberg” que oculta la grave problemática que obliga al Estado mexicano a enfrentar este enorme desafío ante la sociedad y comunidad internacional.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre, y del Informe Preliminar constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. De igual manera, la CIDH señaló que la desaparición de personas ocurre en grandes extensiones del territorio mexicano y ha alcanzado niveles críticos. “El Estado según reporta 26.580 personas desaparecidas o extraviadas, sin embargo las cifras y los testimonios recogidos dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada, y destaca especialmente la gravedad de la práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas.”

Otra gran deuda pendiente es la justicia. No obstante la gran cantidad de desapariciones forzadas, al año 2012 solo se reportaban dos sentencias condenatorias por desaparición forzada, ninguna de ellas firme. La impunidad afirma la CIDH, no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad mexicana toda, sino que también propicia la repetición de los hechos. La Comisión recibió reiteradas quejas de las víctimas sobre el actuar de las procuradurías generales de justicia estatales durante el proceso de búsqueda de justicia. Muchas víctimas no son atendidas cuando tratan de presentar una denuncia. Si se abre una investigación, los familiares de víctimas enfrentan obstáculos serios, ya que algunos funcionarios de las procuradurías estatales les piden dinero para realizar diligencias y les niegan acceso a los expedientes. También suele haber demoras en los procesos de investigación cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes, como es el caso de las desapariciones. Los familiares también reportan falta de coordinación y cooperación eficientes entre las autoridades estatales y federales de procuración de justicia. Esto entorpece las investigaciones que son de obligación indelegable del Estado. Cuando se localizan los restos de una persona, los familiares reportan dificultades para recibir esos restos de manera adecuada, con certeza sobre su identidad, y de manera digna.

Todas estas deficiencias han provocado una impunidad absoluta, que hace nugatorio el acceso a la justicia, como uno de los derechos humanos fundamentales de toda persona. La CIDH también encontró una ausencia de mecanismos adecuados para establecer correctamente cuándo se trata de una desaparición, con lo cual las cifras oficiales no resultan confiables y se constituyen en el primer obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad, y la justicia. Tampoco hay información específica sobre los casos en los que podrían constituir desaparición forzada, es decir, aquellos en los que haya indicios de que hubo participación o aquiescencia de agentes del Estado. Es indispensable que el Estado mexicano adopte medidas para mejorar de manera sustantiva la recolección y sistematización de la información.

A todo ello, debemos sumarle el hecho de que el Congreso de la Unión aún mantiene en discusión la aprobación de la “Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas”, la cual deberá proponer el tipo penal completo e integral, abordando este fenómeno delincuencial con un enfoque jurídico-forense y sociológico, para establecer mecanismos ágiles, sencillos y eficientes para la búsqueda con vida de las personas desaparecidas y la atención psicológica a los familiares de la víctima, que faciliten la coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el acceso inmediato a la carpeta de investigación a los asesores jurídicos de las víctimas u ofendidos, además de precisar los parámetros y reglas para fijar las bases de los montos del pago de la reparación del daño originados por la violación grave a los derechos humanos, cuya obligación del Estado mexicano nace de lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional.

Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP).
“Vocación por la excelencia”.

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